Resulta que AMLO y Alcocer van a implementar un nuevo modelo de salud y para ello, van a “sustituir”, el Seguro Popular por un Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.

Al Seguro Popular se le conoce también como Comisión Nacional de Protección Social en Salud (de última hora, le pidieron la renuncia a la comisionada del Seguro Popular debido a sus fricciones y peleas con el titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, por colocar a sus gentes o alfiles o cuates, en medio de 2 Subsecretarios, Assa y Hugo).

Como se aprecia, se cambia de Comisión a Instituto y está en proceso de, vamos a decir, desarrollo, todo lo que es necesario para liquidar a la Comisión y darle vida al Instituto, incluido el marco legal correspondiente.

El Presidente busca con su Instituto:

. Asumir directamente la prestación de servicios de salud o coordinarse con las entidades

. Procurar y garantizar la prestación gratuita de servicios y medicamentos a la población carente de seguridad social, no deberán pagar cuotas

. Cambiar el cuadro básico de insumos del sector salud, por un compendio nacional más completo

. Facultar a los institutos nacionales de salud para celebrar contratos con personas morales, para ofrecer servicios médicos a cambio de una prestación (contradiciendo a su Secretario de salud, como se leerá más adelante)

. Destinar recursos anualmente para la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos cuyo monto no será inferior al del ejercicio inmediato anterior más la inflación

Se argumenta que el Seguro Popular falló, porqué no se fueron aumentando los recursos que se deben aportar por cada beneficiario, tanto por el gobierno federal, como por los sistemas estatales de salud, además de que los recursos fueron desviados en las entidades federativas.

Es claro, que en todos lo descrito en los párrafos anteriores, el Seguro Popular no ha fallado, fallaron en todo caso, los mecanismos de supervisión de los órganos internos de control correspondientes, a nivel estatal y federal.

Se quiere justificar que se va a pasar de un modelo financiero a un modelo de atención para la salud, dicen, Alcocer y AMLO, se trata de un modelo de atención primaria de salud integrado, lo que se quiera decir con ello.

Simplemente se cambia de operador, de un comisionado a un director, para atender a la población sin seguridad social, o sea, lo mismo, pero al revés.

Adicionalmente el Sr. Ramírez Cuellar ha pensado en etiquetar el IEPS para destinarlo a la salud, como pasa cada año, independientemente de quien gobierne, para tener más recursos que nunca se utilizan para salud y criticar como lo hace cada gobierno, el consumo de alimentos chatarra, refresco, etc.

Muy seguramente AMLO piensa tomar los recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, que es un componente fundamental del Seguro Popular para crear su Instituto y gritonear que el presupuesto de salud para el 2020, se va a incrementar en $40,000 millones para con ello ofrecer la gratuidad completa de servicios médicos y medicamentos a 55 millones afiliados al Seguro Popular y pagar inclusive, las enfermedades en que se incurre con el Fondo por los Gastos Catastróficos a pagar.

Cabe decir, que el Fondo incluye el seguro para 33 enfermedades, casi el 80% de las necesidades reales de gastos catastróficos en el México de los pobres, que según los últimos datos del CONEVAL rondan los 52 millones de mexicanos.

La lógica de operación del Fondo es que entre más personas se afilien, más crecen sus recursos, con el 8% etiquetado que aporta la federación, con el dinero de todos los solidarios, se cubre el riesgo de quien llegara a enfermarse, evitando que más de 1 millón de familias anualmente, cayeran en pobreza por motivos de salud.

A finales del 2018, el Fondo contaba con casi $81,000 millones, hoy en día, AMLO y mucho menos Alcocer nos pueden decir con estado de cuenta del Fideicomiso en la mano, con cuantos recursos cuenta y a cuantos mexicanos ha atendido y librado de pagar, cantidades fuera de su alcance por recuperar su salud.

Quien esto escribe, ha tenido la oportunidad de platicar con decenas de familia que han recurrido al Seguro Popular, para pagar sus operaciones y tratamientos médicos, habiendo recibido solo comentarios favorables de agradecimiento a la disponibilidad del Seguro para recuperar su salud.

Sería necesario para creerles a AMLO y Alcocer, que con datos verificables y reales presenten los resultados acumulados en sus casi 9 meses de gobierno, de la operación del Fondo y no solamente descalificaciones infundadas y creer solamente en lo que ellos dicen.

Para muestra lo siguiente “me extraña que haya gente por falta de información que defiendan lo del Seguro Popular, si era lo más ineficiente que ha existido, estaba mejor antes de que se estableciera el Seguro Popular”, expresó López Obrador en Palacio Nacional. Adicionalmente dijo que quienes critican la desaparición del Seguro Popular, es porqué “no tienen información suficiente, porqué por lo general, con todo respeto, no salen de las oficinas, de los cubículos, los investigadores, los académicos no van al campo, no conocen la realidad y no se puede transformar una realidad que no se conoce”.

Por otra parte, Alcocer Varela acusó que este seguro solo se usó como estrategia de capital privado “para beneficiarse de las enfermedades”.

El mismo Alcocer Varela criticó que “algunos ven a la salud y siguen viendo a la salud, como una oportunidad para que el sector privado colonice mercados vírgenes”.

“Aunque el Seguro Popular fue la propuesta para resolver los problemas de salud de la población desprotegida, las personas afiliadas a este programa y los millones de no afiliados carecen hoy de acceso a atención médica de manera oportuna y de calidad”.

“El titular de salud recalcó que la promesa de protección financiera no se cumple, ya que las personas deben pagar más o menos el 40% del precio con gasto de su propio bolsillo, lo que ocasiona la exposición de la economía familiar”

Remató el titular de salud “la salud no es un privilegio, no es una mercancía, es un derecho fundamental. Lo que se propone es hacer que el Art. 4º Constitucional sea una garantía de tal manera, que los servicios de salud y los medicamentos estén disponibles para toda la población.    

Con estos pobres argumentos se pone en riesgo la salud de millones de mexicanos en todo el País y es claro qué para ser consistentes, no saben de lo que hablan, no aportan ninguna prueba, solo sus dichos y juicios personales, pretextan con argumentos insostenibles, decisiones irracionales que van a lastimar profundamente la salud pública en el País.

Ojalá hubieran tenido oportunidad ambos de conocer no mediante visitas de doctor a hospitales debidamente maquillados, sino con visitas a hospitales estatales, públicos que prestan servicios de salud integrales a mexicanos afiliados al Seguro Popular y que recuperan su salud.

Siempre he criticado hablar en primera persona, nuevamente quien esto escribe, observó y platicó con familias que una vez que el Departamento de Costos del hospital les indicó lo que debían pagar por hospitalización, estudios, tratamiento, recuperación, por operaciones y tratamientos tanto a ellos como a sus hijos y familiares solo expresaban agradecimiento.

Supe de una dirigente de un partido político (morena) que recurrió a un hospital de alta especialidad para un trasplante de hígado, si mal no recuerdo para un familiar, cotizando como beneficiario del Seguro Popular, otro caso asombroso en el cual un hospital del IMSS estaba refiriendo a cirujanos de urología del hospital de alta especialidad a sus pacientes porqué les urgía la cirugía.

A su servidor no le van a leer la mano, sabe de lo que habla y puede rebatir uno a uno los argumentos sacados de sus cabezas calenturientas y delirantes, que quieren seguir demoliendo la salud de los mexicanos que carecen de seguridad social y que creemos en el Seguro Popular.

Publicado por DonHectorDice

Tengo experiencia en Consultoría y Auditoría en los sectores público y privado; diseño y uso de herramientas para evaluación y análisis de información. Conocimiento en temas de Salud, Seguridad, Educación y Desarrollo Social.

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