Es bastante complicado el hablar de la transparencia e integridad de las cuentas públicas que los ejecutivos estatales rinden a sus congresos, en virtud de que no se ha logrado aún uniformar un sistema de contabilidad presupuestal y patrimonial para la acumulación de información del ingreso y gasto realizado en un período predeterminado que permita adicionalmente consolidar toda la información del ingresos y ejercicio del presupuesto de todos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del País.

Se trata de un tema que pudiera ser poco llamativo y digno de ser mencionado, sin embargo, cuando se habla de la “estafa maestra” están involucrados también los estados y municipios en donde se consumó el robo de recursos públicos, a través de instituciones públicas de educación superior y empresas fantasma.

Se realizó un interesante trabajo de investigación y seguimiento periodístico de un medio de comunicación electrónico, con pocos recursos para, que a través del estudio de los informes “rancios” de la ASF, detectar y dar seguimiento a las observaciones que hicieron los auditores forenses sobre la aplicación y comprobación de los recursos ejercidos por las instituciones de educación superior públicas en 4 períodos diferentes.

El asunto es que cada uno de los estados y sus organismos y dependencias públicas deben rendir cuentas y ser auditados interna y externamente tanto por su auditoría superior estatal, como por despachos externos de contadores públicos.

Nos vamos a enfocar en los ejecutivos estatales, cuyas cuentas públicas tanto de municipios, como de los organismos y dependencias del ejecutivo, tradicionalmente son entregadas entre Abril y Mayo de cada año, esto es, 4 meses posteriores al cierre del ejercicio presupuestal y contable del año corriente.

Al atraso comentado, se acumula el análisis de dicha cuenta por los congresos y cabildos de los estados y municipios, en los cuales normalmente, se discuten los informes presentados por las auditorías superiores de cada estado, lo cual puede llevar cuando menos, otros 4 o 6 meses cuando se reúnen los legisladores en sus períodos ordinarios de trabajo.

Sumados los 4 meses del año siguiente a la auditoría superior del estado, sumemos otros 6 meses para que se de un dictamen de parte del congreso del estado, sobre la aprobación o no de la cuenta pública.

Normalmente en mi experiencia como auditor, si era encargada una auditoría especial bien sea al órgano de control interno del estado o a auditores externos, esto sucedía entre el mes 6 y el mes 12 inmediatos posteriores al año que correspondía la cuenta pública, que de alguna de sus dependencias u organismos son sujetos a estas auditorías.

Entre el inicio de la auditoría externa o del órgano interno de control y su conclusión, podrían pasar cuando menos de 3 a 6 meses adicionales, que sumandos a los 12 que llevábamos pueden ser 15 o 18 meses después de hecha la observación y solicitado su aclaración o auditoría específica.

Ya con el informe resultante en la mano, iniciaba la acción que el ejecutivo del estado o el presidente municipal consideraba pertinente, culpando a quien resulte responsable.

Salvo las excepciones derivadas de los escándalos mediáticos, aún con el escándalo, la impunidad dominaba cualquier acción para procesar, encarcelar, al culpable y recuperar lo robado al erario federal, estatal y municipal en su caso.

Curiosamente, son agencias calificadoras contratadas y despachos de auditoría externa, quienes analizan el grado o nivel de transparencia u opacidad de los estados para fines de crédito, previa calificación de deuda, ya comentamos en forma genérica, la problemática de la información que generan los estados y municipios, que aún hoy en día, no es confiable totalmente la información de la deuda que tienen los estados, que debería coincidir con la que tiene registrada la SHCP.

Con el anterior contexto, se puede explicar, pero no justificar la falta de claridad e integridad y por supuesto confiabilidad de la información del ejercicio de los recursos públicos, propios y federales en los estados de la república.

Recordemos que la ASF y la SFP realizan Auditoría Integral que cubre los aspectos de rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, economía en forma transparente y sistemática.

La ASF encontró, que en los ejercicios del 2015 y 2016, la policía federal contrató servicios para mantenimiento de su flota aérea y terrestre por $900 millones, comprobando y solventando observaciones solo sobre $467 millones, empezando el ejercicio del 2017, la policía federal con $423 millones de gasto de recursos públicos por comprobar.

Entre 2010 y 2017, el Comité Técnico para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves, autorizó a la Policía Federal $83.5 millones para 40 autos, se entiende por renta, ya que cada auto tendría un costo de adquisición de $2 075,000.

También la compra de un sistema de inteligencia llamado “Rafael”, comprado por $2,460 millones a una firma de Israel, sin resultados hasta ahora.

También en 2017, la ASF detectó anomalías en el manejo de $8,100 millones para servicios de hospedaje alimentación y apoyo logístico en despliegues táctico-operativos.

También detectó que se efectuaron pagos improcedentes por $6,155 millones por servicios de traslado de personas.

La suma de presuntos desvíos es de más de $17,200 millones entre 2010 y 2017 de una sola dependencia, por su parte la SFP, reporta que entre 2013 y 2018, de sus trabajos de auditoría realizados, detectó recursos por $20,178 millones, que no han sido debidamente justificados por diferentes estados de la República, además de $25,907 millones que tienen distintas observaciones que debieron haber sido solventadas o bien sobre las que las contralorías estatales deberán iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa.  

Tanto en lo comentado sobre la estafa maestra, como en los desvíos detectados en el ejercicio de recursos a la policía federal, la aplicación de sus recursos se realizó en los diferentes estados de la república y aparentemente, no debía tener efecto en los registros contables y presupuestales de los estados, ya que no ejercieron directamente los recursos, sin embargo, en la mayoría de los casos, el gasto se efectuó en los estados o para darles apoyo.

Volviendo con el tema de la transparencia en el ejercicio y aplicación de recursos federales y de los propios estados y municipios, aún no es posible consolidar de manera confiable y transparente el uso de los recursos para efecto de rendición de cuentas, de todos los poderes ejecutivos de la federación y al respecto, la ASF no tiene proyectado ningún esfuerzo serio programado y con recursos para hacerlo.

No son útiles las auditorías forenses ya que resucitan muertos normalmente con años de haber fallecido, lo cual dificulta fijar con nombre, puesto, responsabilidad y período del o de los responsables del mal uso de recursos públicos y la recuperación correspondiente en su caso.

Sería muy diferente, si se pudiera saber hoy en día, cual fue el costo presupuestado y cual fue el costo real de la carretera que inauguró el gobernador actual de Sinaloa, ser auditado dicho gasto y en un mes, mes y medio máximo tener los resultados de la auditoría y proceder en consecuencia.

Vale la pena destacar que el trabajo que ha hecho la UIF de la SHCP reporta haber bloqueado cuentas por $3,800 millones solamente en lo que va del sexenio de AMLO, destacando que el bloqueo de las cuentas se realiza con base en los reportes que recibe la UIF y en la lista de personas buscadas conforme a los estándares internacionales de la prevención del lavado de dinero.

Si sumamos todas estas cantidades multimillonarias excederían a los $70,000 millones, faltando por incluir los $7,000 millones de la llamada estafa maestra y posiblemente otros $20,000 millones más de observaciones de la ASF, acercándonos a los $100,000 millones.

Esta breve suma, que no consolidación no se ha hecho nunca hasta el día de hoy, a fin de generar un estado de cuenta por cada uno de los estados, municipios, entidades y organismos gubernamentales, para llevar una cuenta consolidada de raterías y ponerse como meta su recuperación por la FGR y ahora sí, pedirle a los auditores internos y externos, que se concentren en la manada de elefantes y no en alacranes desbalagados o cualquier otro tipo de alimaña.

Esperemos que algún día la auditoría sea una herramienta del buen gobierno y transparencia, eficacia, eficiencia y economía en el uso de nuestro dinero, como antaño.

Publicado por DonHectorDice

Tengo experiencia en Consultoría y Auditoría en los sectores público y privado; diseño y uso de herramientas para evaluación y análisis de información. Conocimiento en temas de Salud, Seguridad, Educación y Desarrollo Social.

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